EL PPGATE

La pregunta que muchos nos hacemos en estos días es hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, o sus dirigentes, en esa peligrosa senda que ha empezado a andar y que supone, una vez cruzado ciertos límites, una marcha sin retorno.

En estos momentos el PP se enfrenta a numerosos casos de corrupción en el seno de su partido que están siendo investigados por los Juzgados y Tribunales en diversos puntos de nuestro territorio, algo normal y necesario en un Estado de Derecho. Casos que se van produciendo fundamentalmente donde el PP ha disfrutado de largos períodos de gobierno como en Madrid o la Comunidad Valenciana. En algunos, y siempre salvaguardando el derecho a la presunción de inocencia, con fortísimos indicios de la presunta comisión de delitos relacionados con el cohecho, el tráfico de influencias y la prevaricación. La trama Gürtel, el caso Palma-Arena, son algunos ejemplos, con la aparición de personajes como Francisco Correa o ‘El Bigotes’, que parecen más sacados de una mala novela de intriga que miembros de un partido político con importantes responsabilidades de gobierno.

Cuando una organización política tiene que enfrentarse a situaciones graves de corrupción como estas que afectan a destacados miembros del PP, por lo general suele hacerlo de dos maneras. La primera, actuando con contundencia y ante la más mínima sospecha de corrupción, apartando a los implicados hasta que la Justicia termine de hacer su trabajo, condenando enérgicamente ese tipo de actuaciones. La segunda consiste en enrocarse, encerrarse en el bunker de la sede del partido, y poner en marcha la teoría de la conspiración y de la persecución. El PP ha optado por la segunda de las opciones, la nada original teoría de la conspiración, (que ya ensayaron en el 11-M), pero cruzando límites que en democracia son peligrosos, andando senderos sinuosos entre la irresponsabilidad política y la erosión del propio sistema, poniendo en duda la credibilidad de las instituciones básicas del Estado.

En esa escalada de descrédito del Estado de Derecho iniciada por los conservadores españoles para justificar y defenderse de los escándalos de corrupción, el PP ha llegado hasta donde nadie creía que estarían dispuestos a llegar, máxime tratándose de un partido que ha gobernado España durante ocho años y que aspira a volverlo a hacer. El PP, primero a través de María Dolores de Cospedal, y luego por medio de toda la cúpula del partido, ha afirmado que miembros del Partido Popular son víctimas de escuchas ilegales, así como de una persecución y acoso en la que se han conjurado el Gobierno, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Jueces y Fiscales. Todo sin aportar la más mínima prueba de ello. La pregunta que cabe hacerse es si vale la pena poner en duda el propio sistema democrático, sus instituciones y el Estado de Derecho, para defender las actuaciones de personajes como Correa o ‘El Bigotes’. La acusación, de ser cierta, sería de tal gravedad, que pondría patas arriba el sistema, y devaluaría la democracia española hasta cotas indignas. Por eso, si la acusación no es cierta, ni tiene base, la gravedad de hacerla en esos términos es total. Acusar al Gobierno a los Jueces y a los Fiscales, de “espiar” al principal partido de la oposición, es una afirmación de la que una vez realizada resulta difícil desdecirse. O se demuestra o se dimite. Pero la acusación de espionaje alcanza cotas imposibles de medir cuando la realiza Mariano Rajoy. Porque a su condición de líder del principal partido de la oposición se une la de ex ministro del Interior. La acusación por tanto se realiza por alguien que ha dirigido la política de seguridad de este país, que conoce el funcionamiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que no es la de cualquiera, con el terrible agravante de la irresponsabilidad que supone imputar a Jueces, Fiscales, al Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una conspiración coordinada contra su partido.

Espiar desde el poder a los adversarios políticos dio lugar en los años setenta al mayor escándalo político vivido en Estados Unidos en toda su historia, obligando al presidente Richard Nixon a presentar su dimisión: el Watergate. Esto nos da la medida de la gravedad de la acusación que sin pruebas ha realizado el PP, en su intento de acceder a las máximas responsabilidades del sistema, aunque ello suponga debilitar la credibilidad del sistema que pretenden gobernar. De momento, el único partido que presuntamente ha espiado al PP ha sido el propio PP. La trama de Madrid: el PP-Gate.

Publicado en Diario de Avisos
28 de agosto de 2009